En los últimos meses se han registrado violentos ataques armados contra tatuadores en distintos puntos de Colombia, hechos que han encendido las alarmas de las autoridades y de la propia comunidad del tatuaje. Aunque se trata de sucesos ocurridos en ciudades diferentes y con contextos particulares, todos comparten un patrón inquietante: el uso de la figura del tatuador como blanco directo de sicarios o de planes delictivos.
Este panorama ha generado una sensación de inseguridad entre profesionales del tatuaje y su entorno, que ven cómo su actividad, asociada al arte y a la cultura urbana, se cruza con dinámicas de violencia, ajustes de cuentas y, en algunos casos, presuntos vínculos con el microtráfico o entornos delictivos que todavía están en fase de investigación.
Acribillado cuando lavaba su moto en la terraza de casa
Uno de los casos que más ha impactado a la opinión pública es el de Ricardo Andrés Torres Méndez, de 36 años, quien falleció tras recibir múltiples disparos cuando se encontraba en la terraza de su vivienda, en la manzana 41, casa 13, del barrio 450 Años de Valledupar. La víctima lavaba su motocicleta en la noche de un viernes cuando fue sorprendida por un desconocido.
Según el relato entregado por su compañera sentimental a las autoridades, el hombre observó cómo un sujeto en moto llegó hasta la puerta de su casa, se bajó del vehículo, desenfundó un arma de fuego y le ordenó que corriera. A pesar de intentar ponerse a salvo, Torres Méndez fue alcanzado por las balas y quedó gravemente herido.
El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rosario Pumarejo de López en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, los esfuerzos del personal médico resultaron insuficientes y el hombre terminó falleciendo a causa de la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos.
Familiares de la víctima explicaron que Ricardo Andrés trabajaba como tatuador a domicilio y además se desempeñaba como mototaxista, lo que le permitía complementar sus ingresos. Señalaron también que no tenía antecedentes de problemas graves con vecinos o conocidos, por lo que el ataque ha generado desconcierto en su entorno más cercano.
Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a un posible caso de sicariato, teniendo en cuenta la forma en que se ejecutó el ataque: un agresor que llega en moto, actúa con rapidez y huye del lugar sin intentar robar pertenencias o mantener interacción prolongada con la víctima. Esta modalidad coincide con otros homicidios selectivos registrados en la región.
Un elemento que ha despertado especial atención en las investigaciones es la aparición del nombre de Torres Méndez en un presunto panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En ese documento se le vinculaba, al parecer, con el consumo y la venta de estupefacientes en fiestas electrónicas, un señalamiento cuya veracidad todavía se encuentra bajo análisis.
Fuentes policiales indicaron que unidades de inteligencia de la Policía Nacional están evaluando el origen y autenticidad del panfleto, así como la posible relación entre ese mensaje y el asesinato del tatuador. No se descarta que el documento haga parte de una estrategia de intimidación o de ajuste de cuentas en el contexto de disputas por el control del microtráfico.
Asesinato de un tatuador dentro de su propio estudio
En otro hecho que ha generado conmoción, la ciudad de Santa Rosa fue escenario de un homicidio contra un tatuador ocurrido la tarde de un sábado 18 de abril. El ataque se produjo en pleno día, cerca del mediodía, en un barrio conocido como 29 de Noviembre, en las inmediaciones del sector popularmente llamado Cinco Esquinas.
De acuerdo con la información preliminar disponible, varios sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un estudio de tatuajes donde la víctima trabajaba. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó en el local y, una vez dentro, abrió fuego contra el tatuador, que se encontraba atendiendo en su lugar de trabajo.
El hombre asesinado fue identificado como Steven Andrés Calderón Revilla, de 28 años. Vecinos del sector señalaron que llevaba apenas unas semanas residiendo en la zona, pero que ya era conocido por su labor como tatuador y por la atención que prestaba en el estudio. Su presencia en el barrio, según testimonios, había pasado prácticamente desapercibida hasta el día del crimen.
Tras perpetrar el ataque, el agresor abandonó el establecimiento y se subió de nuevo a la motocicleta en la que lo esperaba su cómplice, huyendo a toda velocidad con rumbo desconocido. Esta dinámica refuerza, una vez más, la hipótesis de un homicidio ejecutado con planificación previa y sin intención de robo, lo que encaja con patrones de sicariato.
Agentes de la Policía Nacional acudieron pocos minutos después al lugar de los hechos, pero Calderón Revilla ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los equipos de emergencia. La zona fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de los peritos, que iniciaron el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.
Las autoridades locales han abierto una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los móviles del crimen. Entre las líneas de indagación figura la revisión de posibles amenazas previas, conflictos personales o vínculos con actividades delictivas en la zona, aunque por ahora no se ha difundido información concluyente sobre estas hipótesis.
Intento de homicidio contra un tatuador y condena a 14 años
A la cadena de hechos violentos se suma un caso diferente, ocurrido también en Colombia, pero que terminó en los tribunales con una condena firme. En Barrancabermeja, Santander, un juez de conocimiento impuso 14 años de prisión a Dayana Marcela Cogollo Puentes, hallada responsable de su participación en un intento de homicidio contra un tatuador registrado en abril de 2025.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al 18 de abril de 2025, en un sector cercano al antiguo botadero de basura de Bucaramanga. La hoy condenada habría contactado previamente a la víctima para concertar un supuesto encuentro con el objetivo de realizarse un tatuaje, aprovechando así la relación de confianza propia entre cliente y profesional.
La Fiscalía sostiene que esa cita fue utilizada como trampa para facilitar un ataque armado. Al lugar acudió Cogollo Puentes acompañada de un hombre que portaba un arma de fuego. Una vez en el punto acordado, el acompañante habría disparado en varias ocasiones contra el tatuador, provocándole heridas de consideración que pusieron en riesgo su vida.
Pese a la gravedad de las lesiones, el tatuador consiguió escapar del lugar y sobrevivir, lo que resultó determinante para que se pudieran activar las labores de investigación judicial. Su testimonio, sumado a otras pruebas recolectadas, permitió a las autoridades reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de los participantes.
Durante el proceso, la Fiscalía recopiló material probatorio y declaraciones de testigos que apuntaban a la participación directa de Cogollo Puentes en la planeación del ataque. De acuerdo con el ente acusador, la mujer habría sido quien citó a la víctima al punto acordado, haciendo posible que el agresor actuara con ventaja y relativa impunidad.
La captura de la procesada se llevó a cabo el 26 de agosto de 2025. Posteriormente fue presentada ante un juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Los cargos fueron aceptados por la acusada, lo que allanó el camino hacia la condena.
Tras el análisis de todas las pruebas y el trámite judicial correspondiente, el juez dictó una pena de 14 años de cárcel para Dayana Marcela Cogollo Puentes. Esta decisión fue resaltada por las autoridades como un mensaje de que los ataques contra profesionales, en este caso del tatuaje, no quedarán impunes, aun cuando la víctima logre sobrevivir al intento de homicidio.
En conjunto, estos casos reflejan un escenario preocupante para el gremio del tatuaje: homicidios consumados, intentos de asesinato y posibles conexiones con redes criminales que aprovechan la cercanía entre tatuadores y clientes para planear ataques selectivos. La respuesta institucional, que va desde investigaciones en curso hasta sentencias condenatorias, se vuelve clave para ofrecer cierta tranquilidad a un sector que, en teoría, debería estar más vinculado al arte que a la violencia.
