Lo que parecía una sesión más para terminar un tatuaje se convirtió en una tragedia en el sur de Bogotá. Yenifer García Valencia, de 33 años, perdió la vida el pasado 15 de agosto en su vivienda del barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, después de recibir una sedación intravenosa mientras un tatuador trabajaba en su espalda. El caso, que se conoció días después, ha puesto en el punto de mira los procedimientos estéticos que se realizan fuera de entornos médicos.
Según relataron sus familiares, la mujer había contratado a un tatuador a domicilio para continuar con un diseño de gran tamaño. El dolor en la zona lumbar era tan intenso que aceptó pagar 600.000 pesos colombianos (unos 196 dólares) a un hombre que prometió administrarle sustancias para aliviar las molestias. La mañana del suceso, el tatuador llegó acompañado de otra persona que portaba una camilla, cilindros de oxígeno y varios insumos médicos. Lo que en principio parecía anestesia local terminó siendo un cóctel de fármacos por vía intravenosa.
Una sesión que terminó en paro cardiorrespiratorio
Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía. La mujer permanecía consciente y conversando con los presentes cuando, minutos después de la inyección, comenzó a hablar de forma alterada y se quedó profundamente dormida. Al notar que no respondía, una de sus hijas llamó al número de emergencias 123 y siguió las instrucciones para aplicar maniobras de reanimación durante media hora, pero no hubo respuesta. Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.
Días después, los familiares encontraron detrás de la cama una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum (midazolam), una jeringa y polvo estéril para solución inyectable. Las autoridades no han confirmado si estos compuestos fueron los que se le suministraron a la mujer, pero la investigación avanza para determinar si alguna de estas sustancias provocó el paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida.
El supuesto anestesiólogo era auxiliar de enfermería
Uno de los datos que más ha llamado la atención es la identidad de la persona que administró la sedación. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el individuo figura en el sistema como auxiliar de enfermería, sin la acreditación necesaria para ejercer como médico o anestesiólogo. Este detalle ha generado una ola de críticas y ha llevado al concejal Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico, a exigir mayores controles por parte de las autoridades distritales.
“¿Por qué un tatuaje tiene que costar la vida? Piensen en eso”, expresó el cabildante en un video difundido en sus redes sociales. Avellaneda también recordó el caso de Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años que murió en mayo tras participar en tres sesiones de tatuaje en la feria Expotatuaje de Medellín. En aquella ocasión, la familia del joven denunció una sepsis derivada del procedimiento, aunque la organización del evento aseguró haber cumplido con todos los protocolos sanitarios.
Investigación en curso y llamados a la regulación
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumió la necropsia para establecer la causa exacta del fallecimiento. La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación también adelantan las pesquisas, centradas en determinar si hubo negligencia o si los medicamentos utilizados eran los adecuados. Los peritos judiciales analizan además qué estaban haciendo el tatuador y su acompañante cuando se reportó la emergencia, ya que ambos habrían ingresado juntos al domicilio.
El caso ha reabierto el debate sobre la falta de regulación en los procedimientos de tatuaje con sedación. Especialistas recuerdan que la anestesia debe ser administrada únicamente por personal médico cualificado y en entornos con equipos de reanimación. En Colombia, no existe una normativa específica que prohíba estas prácticas a domicilio, lo que deja un vacío legal que pone en riesgo a los ciudadanos.
Yenifer deja tres hijos, que ahora quedan huérfanos. Mientras la investigación avanza, su familia espera respuestas y pide que se haga justicia. El concejal Avellaneda ha insistido en que la administración distrital debe tomar cartas en el asunto para evitar que tragedias como esta se repitan. “Esta discusión hay que darla”, concluyó.